Llevo varios días mordiéndome la lengua. Sé que lo más acertado sería esperar a que la sentencia se haga pública para ver con qué retorcidas argumentaciones la Sala de lo Penal del TS ha “construido” el fallo que revoca la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en la que se condenaba a los policías que participaron en la detención política de dos militantes del PP, a penas que suman trece años y medio de prisión y accesoria de inhabilitación, por los delitos de detención ilegal, falsedad de documento público y coacciones.
La sentencia de la Audiencia Provincial considera probado que se manipularon atestados para fabricar la culpabilidad de los dos afiliados del PP; Se expulsó del caso a agentes de policía que no se avinieron a firmar informes falsos o a practicar detenciones fuera de la legalidad; Se conminó a los escoltas a faltar a la verdad en la narración de los hechos forzándoles a cambiar su testimonio y amoldarlo a la voluntad incriminatoria del Gobierno; Y poniendo a los dos detenidos políticos, como bien dice Victor Gago, “a merced de una Fiscalía que se ensañó con tanta energía como luego se ha volcado en defender a los policías de las víctimas a las que persiguieron”
¿Con estos mimbres puede en justicia la Sala de lo Penal del TS “construir” la revocación de la sentencia de la Audiencia Provincial e irse de rositas?
No se requieren conocimientos jurídicos para constatar a simple vista la tenacidad del acoso, persecución y agresiones a que han sido sometido durante toda la Legislatura los dirigentes del PP, sus simpatizantes y los medios y organizaciones cívicas identificados con los planteamientos populares.
Desde que el zapaterismo ocupó la dirección del Psoe, y cuatro años más tarde el poder, se ha empleado a fondo en extender la corrupción por todos los Estamentos del Estado y el entramado social, para imponer su tenebroso Plan de derogar la Constitución “como sea”.
Amedrentar a la oposición y demonizarla ante la Opinión Pública no son más que otros venezolanos instrumentos de los que el zapaterismo se sirve para el logro del constitucionalicidio.
A ese fin constitucionalicida obedeció la modificación (y confederalización) sin consenso en marzo de este año de la LOTC, cambiando las reglas del juego a mitad del partido y bloqueando el relevo de María Emilia Casas, Presidenta del Tribunal Constitucional, relevo que correspondería ahora por imperativo legal, asegurándose así el zapaterismo trilero que su voto de calidad permitirá colar la bomba de relojería que para la Constitución supone Estatuto catalán.
Hace ahora año y medio, en un artículo titulado “Hoy quería hablar del Tribunal Constitucional”, expresaba mi desconfianza hacia el TC. Ahora debo confesar que esa desconfianza se ha consolidado, acrecentado y extendido. La Nación española no sólo merece otro Gobierno, sino también una Justicia incorrupta en la que poder confiar.
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